Siete manuales del Pentágono y dos de la CIA, recientemente desclasificados, son una prueba contundente de que durante 20 años el gobierno de Estados Unidos entrenó a los militares latinoamericanos para que violaran masivamente los derechos humanos. Pero en Estados Unidos nadie ha sido puesto en el banquillo por este delito.
Lisa Haugaard – Descargar en PDF
El 20 de septiembre de 1996, el ministerio de defensa de los estados unidos hizo públicos siete manuales preparados por el Ejército estadounidense, que fueron usados entre 1987 y 1991 para el entrenamiento de militares latinoamericanos en operaciones de inteligencia, en cursos que se impartieron en América Latina y en la Escuela de las Américas, instalada por el Ejército estadounidense en Panamá en 1946 y trasladada en 1984 a Fort Benning, Georgia. En esta Escuela la que miles de religiosas y un amplio abanico de fuerzas progresistas y de base de los Estados Unidos luchan hoy porque sea cerrada , se han entrenado más de 60 mil militares latinoamericanos. Mucho de lo que aprendieron en sus instalaciones está escrito en los polémicos manuales que el Pentágono se ha visto obligado a revelar.
Neutralizar” a los opositores
En el comunicado que el Pentágono adjuntó a una selección de extractos de los manuales militares que hizo públicos, se afirma que una investigación realizada sobre estos textos en 1991 92 había concluido que “dos docenas de breves pasajes de seis de los manuales que totalizan 1 mil 169 páginas contienen material que no es consistente o podría ser interpretado como no consistente con la política de Estados Unidos.”
Un informe de la Escuela de las Américas de enero de 1997, elaborado en respuesta a reclamos públicos sobre los manuales, indica que el material de entrenamiento de la Escuela sólo contiene unos cuantos pasajes en los que podían encontrarse “palabras o frases inconsistentes con la política del gobierno de Estados Unidos.”
Una lectura atenta de los siete manuales en cuestión muestra que los pasajes polémicos son muchos más y principalmente, revela que es todo el marco teórico de los textos el que debe ser calificado como inconsistente con la política de los Estados Unidos y con los principios democráticos.
En los extractos de los manuales seleccionados por el Pentágono se puede leer cómo se aboga por tácticas como la ejecución de guerrilleros, el chantaje, los abusos físicos, el uso del suero de la verdad para obtener información y el pago de sumas de dinero por la muerte de enemigos. Son textos en los que se señala a los agentes de contrainteligencia que una de sus funciones es la de “recomendar objetivos para su neutralización”. Según un funcionario del Pentágono citado por The Washington Post del 21 de septiembre de 1996, el término “neutralización” está definido en uno de los manuales como “detención o descrédito”, pero “fue comúnmente usado en esos años como un eufemismo para referirse a la ejecución o a la destrucción”. Lo que no incluyen los extractos dados a conocer por el Pentágono es el contexto en el que se usaron estos textos. Con estos siete manuales Estados Unidos entrenó a los militares latinoamericanos para que infiltraran y espiaran a civiles, incluyendo a miembros de organizaciones estudiantiles, a sindicatos, a organismos humanitarios y de caridad y a partidos políticos. Los entrenaron para que confundieran las fronteras entre insurgencia armada y oposición política legal y para que menospreciaran y soslayaran todas las leyes que exigen un justo proceso judicial para las personas detenidas o arrestadas. Lo que los manuales dejan de decir es tan importante como lo que dicen, y lo que dejan de decir refleja una actitud que ignora la democracia y el estado de derecho.
Nadie responsable, nadie sancionado
La desclasificación de los siete manuales militares fue resultado de una gran presión de la opinión pública y del Congreso. Los manuales ya habían sido mencionados de pasada en un informe sobre Guatemala elaborado por la Junta de Monitoreo de Inteligencia que asesora al Presidente de Estados Unidos y que fue hecho público en junio de 1996.
Este informe surgió en respuesta a fuertes presiones de organizaciones populares y de derechos humanos estadounidenses. Con ocasión del informe, el congresista demócrata Joseph Kennedy solicitó al gobierno que desclasificara íntegramente los manuales militares. Después de que el Baltimore Sun amenazara con una demanda legal, fueron desclasificados también otros dos manuales de la CIA.
Hasta la fecha, el gobierno Clinton no ha ordenado ninguna acción significativa que asegure que manuales como éstos nunca más vuelvan a estar vigentes. El 21 de febrero de 1997 el Inspector General del Departamento de Defensa terminó una investigación en la que se admite que en la creación y el uso de los manuales “desde 1982 hasta comienzos de 1991 se cometieron muchos errores, repitiéndose éstos por el numeroso y continuo cambio de personal en varias instituciones, entre Panamá, Georgia y Washington DC.” A pesar de todo, el informe concluye que no hay “pruebas de que este prolongado episodio se deba a un intento deliberado de violar las políticas del Departamento de Defensa.” Por tanto, concluye también que no existe razón para establecer ninguna responsabilidad individual.
En esencia, el informe afirma que, como muchos funcionarios de los Estados Unidos no sabían que resultaba contrario a la política de Estados Unidos el entrenar a militares latinoamericanos en el uso de las amenazas o de la fuerza contra los prisioneros, en la “neutralización” de opositores, en el internamiento de prisioneros en cárceles clandestinas, en la infiltración y espionaje de las organizaciones civiles y de los partidos políticos opositores todas ellas técnicas descritas en los manuales , no se hace necesaria ninguna sanción disciplinaria.
El informe, que el congresista Kennedy calificó de “lavada de manos” y de “basura”, no examina ninguno de los problemas sistemáticos que pudo haber provocado la rotación, durante un período de más de diez años, de un “personal numeroso” que carecía de un adecuado conocimiento de los derechos humanos. Por esta omisión, el informe no señala ninguna responsabilidad ni individual ni colectiva por el entrenamiento que recibieron los militares latinoamericanos para que violaran los derechos humanos y emplearan sistemáticamente métodos profundamente antidemocráticos. Nadie es responsable por el marco mental que se inculcó en los ejércitos latinoamericanos y que los llevó a asesinar a miles de civiles durante dos largas décadas.
Reagan: acelerar el entrenamiento
Los siete manuales, escritos en español, fueron redactados en 1987 por los oficiales de inteligencia militar del Ejército de Estados Unidos instalados en Panamá. Estaban basados, en parte, en planes de estudio que desde 1982 empleaban los instructores de la Escuela de las Américas. A su vez, tanto los manuales como estos planes de estudio estaban parcialmente basados en un antiguo material del llamado Proyecto X, de los años 60, que fue el Programa de Asistencia en Inteligencia al Exterior del Ejército de Estados Unidos, y con el que se entrenó no sólo a latinoamericanos sino a aliados de Estados Unidos por todo el mundo. Los materiales del Proyecto X se conservaban en los archivos de la Escuela de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos en Fort Huachuca, Arizona.
Algunos de estos materiales fueron sacados de circulación por la administración Carter, preocupada porque este tipo de entrenamiento militar estuviera contribuyendo a la violación de los derechos humanos en América Latina. En 1982, la administración Reagan solicitó a la Escuela de las Américas que desarrollara aceleradamente un nuevo curso de contrainteligencia para los militares latinoamericanos. El instructor elegido para desarrollar este curso, el Mayor Vic Tise, desempolvó los materiales del Proyecto X actualizándolos para nuevos planes de estudio. Contradiciendo lo que después concluyera el informe de 1997, el Mayor Tise dice que él envió a Washington los materiales que había elaborado para su aprobación y que le habían sido “aprobados sin ningún cambio”.
El gobierno de Estados Unidos estima que sólo mil ejemplares de los manuales en cuestión pueden haber sido distribuidos en la Escuela de las Américas y por toda América Latina. Estos textos fueron usados por los Equipos Móviles de Entrenamiento Militar en América Latina y fueron distribuidos tanto entre los estudiantes de estos cursos como en las escuelas de inteligencia militar de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú. En 1989, los manuales fueron usados en la Escuela de las Américas en cursos a los que asistieron militares de Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela.
Los siete manuales ahora desclasificados se titulan: “Manejando las fuentes”, “Contrainteligencia”, “Guerra revolucionaria, guerrillera e ideología comunista”, “Terrorismo y guerrilla urbana”, “Interrogatorios”, “Inteligencia de combate” y “Análisis I”. Todos parecen ser un material antiguo que fue actualizado en forma poco consistente. Por ejemplo, mientras en el manual “Contrainteligencia” se incluyen ejemplos de hechos ocurridos en El Salvador en 1988, en algunos manuales hay referencias que no parecen haber sido puestas al día desde los años 60. Y así, un manual fechado en 1989 habla del comunismo como de “un fantasma” que recorre el mundo y no contiene ninguna referencia a los cambios que ya habían tenido lugar en la Unión Soviética.
¿Qué enseñan los manuales?
El objetivo no declarado de los manuales es entrenar a los militares latinoamericanos para que identifiquen y eliminen a los movimientos de oposición a gobiernos que Estados Unidos consideraba aliados en su lucha contra el comunismo.
A lo largo de las más de mil páginas de estos textos se encuentran pocas alusiones a la democracia, a los derechos humanos o al estado de derecho, pero se ofrecen detalladas técnicas para infiltrar a los movimientos sociales, para interrogar a los sospechosos, para vigilarlos, para enseñar a mantener secretos militares, para reclutar y manejar a espías y para controlar a la población civil.
Aunque los extractos dados a conocer por el Pentágono son una útil y no engañosa selección de los más notorios pasajes aquellos en los que es más clara la defensa de la tortura, de la ejecución o del chantaje , leyéndolos no llegamos aún a hacernos una adecuada idea que nos permita entender el marco tan repudiable en el que se originaron estos materiales. En nombre de la defensa de la democracia los manuales proponen métodos profundamente antidemocráticos.
* No distinguen entre los movimientos civiles y la rebelión armada
Quizás el más persistente y atroz aspecto de estos manuales es que no distinguen entre la legítima oposición política y cívica y la rebelión armada. El manual “Contrainteligencia”, por ejemplo, define como objetivos potenciales de la contrainteligencia a “los miembros de los partidos políticos nacionales o locales que tengan metas, creencias o ideologías contrarias u opuestas al gobierno nacional” o a “los grupos u organizaciones hostiles cuyo objetivo sea crear oposición o causar intranquilidad entre la población civil en el área de operaciones”.
En este manual se recomienda que el ejército elabore una “lista negra” de “personas cuya captura y detención sea de prioritaria importancia para las fuerzas armadas”, la que incluiría no sólo a los “agentes enemigos” sino también a “personas subversivas”, “líderes políticos conocidos o de los que haya sospechas que son hostiles a las Fuerzas Armadas o a los intereses políticos del Gobierno Nacional” y “colaboradores y simpatizantes con el enemigo”, conocidos o sospechosos de serlo.
Los refugiados y los desplazados son destacados como posibles subversivos a los que se debe mantener bajo vigilancia. Las universidades son descritas como fértil terreno para el terrorismo y los sacerdotes y religiosas son identificados como gente involucrada en operaciones terroristas. Se le indica a los militares que infiltren grupos juveniles y estudiantiles, sindicatos, partidos políticos y organizaciones comunitarias.
Las actividades electorales también aparecen bajo sospecha: los insurgentes “pueden recurrir a ellas para subvertir al gobierno con elecciones en las que la causa insurgente provoque el cambio de un gobierno que no le es amistoso por uno favorable a su causa”. Se señala también que la “actividad insurgente” puede incluir el financiamiento de campañas y la participación con candidatos en competencias políticas. Todo esto aparece consignado en el manual “Guerra revolucionaria, guerrillera e ideología comunista”.
Uno de los mas perniciosos pasajes del manual “Inteligencia de combate” hace una lista con varios indicadores de la presencia guerrillera. Entre los “indicadores de un inminente ataque guerrillero” se incluyen las manifestaciones de minorías, los grupos civiles entre los que hay jóvenes que no quieren unirse a las tropas de Estados Unidos o a las tropas de su propio país, la celebración de fiestas nacionales o religiosas y la presencia de extranjeros. Entre los “indicadores del control guerrillero” sobre determinada población civil se incluyen el rechazo de la gente a dar información a las fuerzas gubernamentales o la construcción de nuevas casas.
Entre los indicadores de que los insurgentes están desarrollando operaciones sicológicas se incluyen las denuncias contra la corrupción gubernamental, la circulación de pliegos con demandas para la recogida de firmas, los intentos de desacreditar al gobierno o a las fuerzas armadas, las acusaciones al gobierno por ser títere de los Estados Unidos, los llamados a la juventud para que se oponga al reclutamiento militar, las manifestaciones, las huelgas y las denuncias contra la brutalidad de la policía o del ejército.
Cualquier crítica contra el gobierno, las fuerzas armadas o las tropas estadounidenses o cualquier otra expresión de descontento popular es señalada como un posible indicador de actividades guerrilleras.
Este manual recomienda dibujar mapas en los que se usen diferentes colores para clasificar a la poblacion civil en “leal al gobierno”, “ambivalente”, “posiblemente leal a los insurgentes” y en “áreas controladas por los insurgentes”.
* Contienen un tratamiento superficial de las consideraciones legales y de derechos humanos
En algunos pasajes de estos textos, las consideraciones legales y de derechos humanos aparecen como añadidos o como datos superficiales. La Convención de Ginebra está insertada al comienzo del manual “Interrogatorio” y los derechos del sospechoso que es interrogado son mencionados repetidamente en las secciones del manual “Contrainteligencia” dedicadas específicamente al interrogatorio. Sin embargo, las referencias de este tipo no han sido integradas dentro del texto en la mayoría de los manuales y aparecen en contradicción con otros pasajes. En ocasiones, los manuales presentan una imagen distorsionada de las convenciones de derechos humanos. Por ejemplo, en el manual “Guerra revolucionaria, guerrillera e ideología comunista” se puede leer que un insurgente “no tiene un estatus legal como prisionero de guerra según la Convención de Ginebra”, lo que implica que no existen convenciones internacionales que se refieran a su tratamiento.
* Ignoran el estado de derecho
En la mayoría de los casos, las técnicas que se abordan en los manuales olvidan totalmente las consideraciones legales. Se habla de la detención de sospechosos sin que se mencionen los procedimientos adecuados para su arresto o la necesidad de obtener pruebas suficientes para su juicio y su condena. No se hace mención de las órdenes de arresto ni del derecho que tiene el detenido a ponerse en contacto con un abogado, o del derecho equivalente que, según las leyes nacionales, tenga en esas circunstancias.
Peor aún, se recomienda mantener aislados a los detenidos y prohibirles el contacto con cualquier persona. Se afirma que el interrogador puede usar un nombre falso y que no tiene que darle al detenido las razones por las que se le detuvo. En varios manuales la descripción que se hace de las instalaciones de detención deja claramente en evidencia que se está hablando de cárceles clandestinas. Se hacen pocas distinciones entre el tratamiento que debe darse a la población civil y a los guerrilleros.
En ningún lugar de los manuales se establece que la persona detenida o arrestada debe primeramente ser sospechosa de haber cometido alguna actividad ilegal. La única justificación para arrestarla o detenerla es que el agente de inteligencia necesite de esa persona algún tipo de información.
* Recomiendan espiar y controlara la población civil
Los manuales no matizan en lo más mínimo la recomendación de infiltrar a los grupos civiles. Al contrario, esta técnica se propone con beligerancia en varios de los textos. En el que se titula “Contrainteligencia” se abordan las clases de censura que pueden imponerse sin mencionar siquiera el que la censura es un procedimiento indeseable. A lo largo de los textos apenas hay referencias a cuál pueda o deba ser una relación correcta entre el gobierno civil y las autoridades militares. Y en varios pasajes el gobierno civil aparece como un objetivo que debe estar en la mira para ser vigilado.
Varios manuales describen técnicas para “controlar a la población”, lo que incluye toques de queda, retenes militares, cateos casa por casa, documentos de identificación y racionamiento. Estas técnicas son defendidas sin ningún matiz ni ninguna limitación sobre su utilización, como ocurre cuando se declaran estados de guerra o de emergencia. Nunca aparecen referencias a las leyes nacionales sobre esta circunstancia especial ni al papel del poder legislativo nacional en la regulación de este tipo de situaciones.
* Dan una respuesta estrictamente militar
Varios de los manuales se proponen enseñar a los militares y a los servicios de inteligencia cómo se desarrollan los grupos insurgentes y cómo se les debe controlar. La descripción de cómo se desarrollan los movi mientos revolucionarios es, en la mayoría de los manuales, simplista y caduca. Y aunque se hacen superficiales referencias al rol que la represión gubernamental puede jugar en la justificación de los movimientos insurgentes, el tema se aborda sin un ápice de profundidad.
Las breves historias de El Salvador y de Guatemala que aparecen en el manual “Terrorismo y guerrilla urbana” omiten cualquier referencia a la represión, a las violaciones a los derechos humanos o a la carencia de democracia, elementos todos que contribuyeron al crecimiento de los movimientos revolucionarios en estos dos países. Los insurgentes son vistos simplistamente como manipuladores del descontento popular y son descritos siempre como obedientes a los planes del marxismo soviético.
Y si el manual “Inteligencia de combate” ofrece una explicación más sofisticada de las razones profundas que dan lugar a que se desarrollen los movimientos revolucionarios las tensiones sociales provocadas por la rápida modernización, la existencia de élites corruptas y la represión gubernamental , ni éste ni ningún otro manual plantea o insinúa cuáles serían las medidas que un gobierno civil podría tomar para dar una respuesta política al descontento popular. La única salida que se enseña para enfrentar ese descontento y los gérmenes de la rebeldía guerrillera es la respuesta militar y de contrainteligencia. Con el agravante de que no se considera ninguna limitación en el uso de esos métodos militares y de contrainteligencia.
Los dos manuales de la CIA
El 24 de enero de 1997 fuerondesclasificados otros dos manuales, éstos de la CIA, en respuesta a una solicitud hecha en 1994 por el Baltimore Sun con base en el Acta de Libertad de Información. Uno de ellos, el “Manual de entrenamiento en la explotación de los recursos humanos l983” fue usado al menos en siete cursos de entrenamiento que la CIA patrocinó en los países latinoame ricanos entre 1982 y 1987, según un memorandum de junio de 1988 que aparece dentro del manual. La discrepancia entre el uso del manual desde 1982 y la fecha de 1983, que es la que aparece en su título, no fue explicada.
Este manual fue dado a conocer en respuesta a una audiencia del Congreso de junio de 1988, a la que dieron lugar las acusaciones del New York Times en el sentido de que los Estados Unidos habían tenido como alumnos a militares hondureños que empleaban la tortura.
El otro manual de la CIA, “KUBARK Interrogatorio de contrainteligencia” está fechado en julio de 1963 y es la fuente de gran parte del material contenido en el otro manual.
Conviene recordar que la audiencia congresional de 1988 no fue la primera ocasión en que salieron a la luz manuales de este tipo. En 1984 se produjo un gran escándalo en Nicaragua y en Estados Unidos al descubrirse un manual con el que la CIA entrenaba a los contras nicaragüenses en operaciones sicológicas.
Enseñan todo tipo de torturas
Los dos manuales de la CIA desclasificados ahora tratan exclusivamente sobre interrogatorios. Son materiales aún más faltos de principios que los siete manuales del Pentágono, ya que cada uno de ellos dedica un capítulo entero a enseñar “técnicas coercitivas”.
Los manuales recomiendan arrestar a los sospechosos en horas tempranas de la mañana y por sorpresa, vendarles los ojos y quitarles toda su ropa. A los detenidos se les debe mantener incomunicados, suprimiéndoles toda rutina en la comida y en el sueño. Los cuartos para los interrogatorios deben carecer de ventanas y deben estar insonorizados, oscuros y sin servicios higiénicos.
La CIA advierte en estos textos que las técnicas de tortura pueden convertirse en un boomerang y señala que la amenaza del dolor es a menudo más eficaz que el mismo dolor. A la par, describe técnicas coercitivas que deben usarse “para inducir una regresión sicológica en el sujeto imponiéndole una fuerza superior y externa que quiebre su voluntad de resistir”. Entre estas técnicas se incluyen el encierro prolongado y con inmovilidad, el prolongado esfuerzo físico, las temperaturas extremas de calor y de frío o la excesiva humedad, la carencia de comida o de sueño, la ruptura en las rutinas, el confinamiento en solitario, las amenazas de golpes o de dolor, la privación de los estímulos sensoriales, la hipnosis y el uso de drogas o de placebos.
Al igual que en los manuales militares, en el “Manual de entrenamiento en la explotación de los recursos humanos” se hace caso omiso del estado de derecho. Aunque se señala la importancia de conocer las leyes locales referentes a la detención, se afirma que “la detención ilegal siempre requiere de aprobación previa del cuartel general”. El manual se refiere a una o dos semanas de trabajo práctico con prisioneros como parte del curso, lo que sugiere que los instructores estadounidenses pudieron haber estado a la par de militares latinoamericanos en interrogatorios de detenidos.
“Mejorando” los manuales
En un intento superficial de corregir lo peor del manual de 1983, en 1985 se introdujo en este manual de la CIA una página advirtiendo contra el uso de técnicas coercitivas y, escritos a mano, se hicieron cambios que fueron insertados al azar dentro del texto. Un ejemplo: la frase “Aunque no enfatizamos el uso de técnicas coercititivas, queremos que usted esté al tanto de ellas y de su correcto uso” fue cambiada así: “Aunque deploramos el uso de técnicas coercitivas, queremos que usted esté al tanto de ellas para que pueda evitarlas”. Sigue después un capítulo íntegro sobre esas técnicas coercitivas, en el que, aunque se tacharon algunas cosas, se hizo de tal forma que se pudiera leer con claridad el texto original. Todas estas “mejoras” fueron hechas para contrarrestar el escándalo provocado por el manual de los contras de 1984, que llenó las primeras planas de los diarios estadounidenses.
El otro manual de la CIA, el KUBARK, es claramente la fuente de gran parte del manual de 1983. Algunos pasajes están repetidos textualmente. Este manual fue escrito para ser usado por agentes estadounidenses que trabajaron contra la subversión comunista, especialmente la soviética, y no para ser usado en el entrenamiento de militares extranjeros. El KUBARK tiene también una sección sobre técnicas coercitivas en las que se incluyen algunas más horrendas que las que incluye el manual del 83. Se hacen, por ejemplo, dos referencias al uso de los choques eléctricos.
Aunque el KUBARK puede o no haber sido usado directamente por agentes de Estados Unidos que actuaron en América Latina porque habría sido elaborado originalmente para agentes estadounidenses dispersos por todo el mundo , es la fuente del manual de la CIA de 1983 que, junto a los otros siete manuales militares, tienen su base en los antiguos materiales de los años 60.
Nadie ha sido re educado
A finales de 1991, durante la administración Bush, la Oficina del Asistente del Secretario de Defensa para la Vigilancia de las Operaciones de Inteligencia llevó a cabo una investigación sobre los siete manuales militares. El Pentágono envió a las Comisiones de Inteligencia del Congreso un informe sobre los resultados.
La investigación concluyó que los autores de los manuales y los instructores de la Escuela de las Américas “asumieron erróneamente que los manuales y los planes de estudio representaban una doctrina aprobada”. Cuando fueron entrevistados por los investigadores, los autores de los textos declararon que ellos creían que las regulaciones para la vigilancia de las operaciones de inteligencia se aplicaban sólo al personal estadounidense y no al personal extranjero que ellos entrenaban. En otras palabras, confesaron que los instructores estadounidenses podían enseñar a militares extranjeros a emplear técnicas inhumanas que ellos mismos tenían prohibidas legalmente .
La administración Bush ordenó el retiro y la destrucción de los manuales, y el Comando Sur notificó a los gobiernos latinoamericanos que el contenido de estos textos no representaba la política oficial de los Estados Unidos. El episodio pasó desapercibido, como si se tratara de un incidente aislado. Nunca hubo responsabilidad individual disciplinaria para quienes escribieron y enseñaron estos contenidos, y los autores e instructores que declararon haber creído que enseñar a violar los derechos humanos era consistente con la política de Estados Unidos no fueron nunca re educados.
Además, hay en los manuales aspectos que violan las normas sobre derechos humanos y los principios democráticos que nunca fueron comentados ni por la investigación de 1991 92 ni por la posterior conferencia de prensa del Pentágono en 1996 ni aparecieron tampoco en la respuesta con la que la Escuela de las Américas reaccionó a las presiones públicas.
¿Circularán aún otros manuales?
En 1992, la Oficina del Asistente del Secretario de Defensa para la Vigilancia de Inteligencia hizo recomendaciones para que “el Estado Mayor Conjunto estableciera una política que asegurara que el entrenamiento estadounidense en inteligencia y en contrainteligencia para personal militar extranjero fuera consistente con la política de Estados Unidos y del Departamento de Defensa” y para que el material para este entrenamiento recorriera los canales apropiados para su aprobación. Sin embargo, el informe de 1997 señala que estas recomendaciones, enviadas en forma de memorandum, tuvieron poco impacto o no tuvieron ninguno. En tres agencias a las que fue enviado el memo no existe siquiera constancia de que fuera recibido. En otras tres agencias sí lo recibieron, pero no dio como resultado ninguna mejoría en la vigilancia del entrenamiento que se daba a los militares extranjeros.
El informe del Inspector General de 1997 continúa orillando los problemas de fondo que provocaron estos nefastos manuales. Mientras el informe concluye que los planes de estudio y los manuales escaparon de alguna manera a la vigilancia y que no pudieron ser leídos porque estaban en inglés, un total absurdo que la investigación del congresista Kennedy calificó como puras excusas. El informe de Kennedy señala que los instructores de la Escuela de las Américas enviaban sus planes de estudio a Fort Huachuca y, al menos a dos oficinas en Washington, para que los revisaran. También indica que los materiales eran aprobados en inglés antes de ser traducidos al español para su uso.
Violación masiva de derechos humanos
La lenta publicación por etapas de estos manuales y las limitadas investigaciones hechas sobre cada una de las polémicas que los rodea permite sospechar que podrían estar aún en circulacion otros materiales de entrenamiento de características similares. Es un hecho ahora probado que los materiales usados en los momentos más calientes de la Guerra Fría, en los años 60, que nunca debieron existir, volvieron a reaparecer en repetidas ocasiones con algunos cambios, a pesar de escándalos e investigaciones que exigían ya cambios de fondo en los textos y re educación en el personal estadounidense que los elaboró y en el personal que no los prohibió.
El entrenamiento que se dio a partir de estos manuales, los planes de estudio y el Proyecto X no constituyen una violación en abstracto de los principios de los derechos humanos. Los métodos propuestos en estos textos fueron seguidos fervientemente por los ejércitos latinoamericanos en las décadas de los 70 y de los 80. En Chile y en Argentina, con “guerras sucias” en las que miles de opositores fueron “desaparecidos”. En las dictaduras militares de Brasil, Paraguay y Uruguay, donde se asesinó a miles en nombre de la “seguridad nacional”. En las guerras de Centroamérica, donde decenas de miles de civiles fueron asesinados. Y en los países andinos, en los que son masivas hasta el día de hoy gravísimas violaciones a los derechos humanos. En una mayoría de casos los militares entrenados por Estados Unidos se vieron involucrados activamente no solamente en la violenta supresión de la rebelión armada sino en la cruel represión de la oposición cívica y democrática.
Hay una grave responsabilidad histórica aún pendiente. Pero, a pesar de tantos vacíos y de tan escasa y deficiente respuesta oficial, la revelación de los manuales ha revitalizado los esfuerzos que desde hace años hacen congresistas y grupos religiosos y de base que exigen que se cierre la Escuela de las Américas. Hoy tienen una evidencia contundente. Los manuales han probado lo que muchos venían afirmando desde hace mucho tiempo: que el entrenamiento de Estados Unidos contribuyó a una violación masiva de los derechos humanos en todo el continente.